¿La corrupción es o no un fenómeno en las instituciones del estado?, mensaje de la OPDI

Emitido por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirigido a: Comunidad universitaria

La corrupción no es un fenómeno que aparezca espontáneamente en los gobiernos o en otras instituciones, tiene sus raíces en la sociedad. Es el resultado de un deterioro en la calidad moral de una sociedad propensa a sobre pasar las reglas sociales básicas por la búsqueda de beneficios personales. El mayor o menor impulso de su generalización puede ser generada desde el estado y, seguramente, tendrá relación con los valores y pautas históricas de quienes han accedido al poder público y lo usufructúan mediante su intervención estatal; por lo cual, si no se logra tener órganos de seguridad y justicia eficientes, difícilmente se podría desarrollar un estado sin corrupción en una sociedad con altos valores éticos, y respeto por lo público.

Es difícil encontrar las pruebas de la corrupción y aunque se conozca por infidencias o se intuya cuando surgen por los altos niveles de vida alcanzados en un corto tiempo por funcionarios o contratistas del estado, su ocultamiento genera otro extremo: una gran facilidad para adjudicar injustificadamente conductas incorrectas a personas e instituciones a veces con mala intención. Así, se facilita que la gente acepte teorías conspirativas, lo que crea un ambiente propicio a la generación de un clima de desconfianza y de pesimismo generalizado, dando curso al slogan “Si, todos roban ¿ por qué yo no” entonces, la consiguiente confusión favorece el mimetismo de los que efectivamente tienen “actos de corrupción continuados”.

La institución del estado es propensa a la actividad privada corrupta por algunos de sus funcionarios. La situación es simple: los funcionarios públicos están más lejos y menos conectados pues habitan en su torre de marfil, distinto a aquellos que son perjudicados por los costos materiales, presupuestales, el deterioro en calidad de vida, ocasionados por los actos de corrupción.

Las privatizaciones y la desregulación ha implicado la supresión de las normas nacionales que controlan actividades económicas, políticas, donde una sociedad menos regulada genera menos campo para la corrupción.

Así, un funcionario descubre una oportunidad y el interesado privado encuentra un camino más fácil para lograr sus beneficios, sin el esfuerzo de competir o reducir sus ganancias. Simplemente, al comprar voluntades gasta una suma menor que mejora su estimado de beneficio obtenido. Una vez la actitud corrupta se extiende, los empresarios que no habían entrado en ella, encuentran que o bien lo hacen o si no deben abandonar la actividad empresarial en relación con el estado.

Sin embargo, aún después de las privatizaciones y las desregulaciones, subsisten muchos espacios de la actividad de gobierno en donde se mantienen incentivos para actos corruptos, siendo imposible alinear totalmente el bien común con la optimización de los beneficios particulares logrados de modo ilegal. Por consiguiente, no convergen inequívocamente los intereses de una institución con los de las personas que actúan en ella. Esto, también aplica a la empresa privada, siendo evidente cuando el tamaño de la institución es mayor, y se aleja de quienes actúan y deciden, de los accionistas o contribuyentes que son, finalmente, los beneficiados o perjudicados con el resultado. Por consiguiente, para que una sociedad no presente corrupción en establecimientos públicos no puede dejar de promover sus cargos por méritos a las personas con vocación de servicio público y vocación de bien común. Cuando prima el interés económico particular en la función pública el beneficio personal no coincide con el interés de la institución, o el bien común en el Estado, se producirá la corrupción y con ello el deterioro de la gestión pública y la generación de altos niveles de desconfianza en la acción del Estado. Lo paradójico, es que los funcionarios públicos reciben remuneraciones muy por debajo de su equivalente en el sector privado, por lo cual requiere una alta vocación de servicio a lo público y capacidad de resistencia a las oportunidades de corrupción. Es decir, entonces la corrupción se presenta cuando hombres ordinarios enfrentan situaciones extraordinarias.

La aceptación de sobornos es el mecanismo más expedito y explícito de corrupción y ésta, siempre abarca al menos a dos partes; sin embargo, no es la única vía para las acciones corruptas. El no cumplimiento de las normas legales o de las reglas no escritas de convivencia riñen con el beneficio particular e ilegal sin mirar el perjuicio a los demás; también lo es la actitud antisocial y propensa a cohabitar ambientes donde predomina o se incita a actos de corrupción sin embargo, aquí, el tema es más complejo y difícil de discernir, porque se trata de asumir que sea la sociedad, las comunidades receptoras del servicio público, en quienes hay que promocionar en la prevención de la corrupción .

Las consecuencias han sido la degradación de lo público y su efecto es la pérdida del respeto a los funcionarios públicos, a la institucionalidad, al crecimiento de la desconfianza de la gente en el estado y a la pérdida de la credibilidad en sus funcionarios.

Hoy se hallan indicios de mayor corrupción que antes. Esto, porque los actos de corrupción cuantitativamente pueden ser menos; pero cuando ocurren son más devastadores por sus consecuencias en la dinámica vital de la sociedad.

Una sociedad con sólidos valores morales y éticos es la clave para minimizar los “actos de corrupción”. El estricto respeto de las a normas éticas sobre lo público y privado y la sanción social son la mejor garantía para que una sociedad y él estado pueda desarrollar y reducir la corrupción.

OLGA ADRIANA VALDÉS CANENCIO
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Nota: contenido publicado en www.unicauca.edu.co [1] el 21 de agosto de 2015.

Facebook Tweet Google + Enviar [2] Imprimir [3]

Publicado en: Comunicados [4]
Etiquetas: [5]

Volver a la página anterior [6]